DEFENDEMOS Y PROMOVEMOS EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA EDUCACIÓN

CAPÍTULO I

Objeto, elementos esenciales, principios, derechos y deberes

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular el derecho fundamental a la educación, fortalecer la función social de este servicio público y establecer sus mecanismos de protección.

PROYECTO DE LEY

“Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación, y se dictan otras disposiciones”

 Artículo 2°. Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la Educación. El derecho fundamental a la educación es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, así mismo es considerado como un servicio público esencial.

Comprende el acceso a la educación de calidad en los niveles de preescolar, básica, secundaria, y superior según la capacidad presupuestal en cumplimiento progresivo de los fines del estado. El Estado adoptará planes decenales de educación que permitan alcanzar total cobertura y promoverá los esfuerzos financieros para garantizar acceso y calidad a la educación superior al mayor número de ciudadanos, privilegiando este nivel de educación a los habitantes de zonas rurales y promoviendo la movilidad social.

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica; Así mismo corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los actores,  estudiantes o instituciones de educación que, intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho fundamental a la educación.

Artículo 4°. Definición de Sistema de Educación. Es el conjunto articulado y armónico de principios y normas; políticas públicas; instituciones; competencias y procedimientos; facultades, obligaciones, derechos y deberes; financiamiento; controles; información y evaluación, que el Estado disponga para la garantía y materialización del derecho fundamental a la educación.

Artículo 5°. Obligaciones del Estado. El Estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la Educación; para ello deberá:

a) Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la educación, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la educación de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en una afectación al acceso al sistema de educación para los ciudadanos.

b) Formular y adoptar políticas de Educación dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en igualdad de trato y oportunidades para toda la población, asegurando para ello la coordinación armónica de las acciones de todos los agentes del Sistema.

c) Formular y adoptar políticas que propendan por la calidad del servicio público de Educación en ejercicios de planeación de largo plazo no menores a 20 años.

d) Establecer mecanismos para evitar la vulneración al derecho fundamental de educación y determinar su régimen sancionatorio.

e) Ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control mediante un órgano y/o las entidades especializadas que se determinen para el efecto.

f) Velar por el cumplimiento de los principios del derecho fundamental de educación en todo el territorio nacional.

g) Realizar el seguimiento continuo de los indicadores de acceso y calidad del sistema nacional de educación.

h) Adoptar la regulación y las políticas necesarias para financiar, de manera sostenible, el servicio público de educación, así como garantizar el flujo de los recursos para atender la demanda educativa.

Artículo 6°. Elementos y principios del derecho fundamental a la Educación. El derecho fundamental a la Educación incluye los siguientes elementos esenciales e interrelacionados:

a) Accesibilidad. Los servicios públicos de función social en educación deben ser accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diferentes grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la asequibilidad económica y el acceso a la información.

b) Disponibilidad. El Estado deberá garantizar la existencia de instituciones educativas que cubran la totalidad de la demanda de la población en todos los niveles de educación.

c) Calidad e idoneidad. Los actores del sistema de educación nacional deberán estar centrados en la formación personal y académica de los estudiantes, los cuales deben ser apropiados e idóneos desde el punto de vista científico para responder a estándares internacionales de calidad aceptados por las comunidades científicas. Por lo cual el Estado promoverá, entre otros, personal de educación adecuadamente competente, enriquecida con educación continua e investigación científica y una evaluación oportuna de la calidad de los servicios y tecnologías ofrecidos.

d) Adaptabilidad. Las instituciones educativas deberán adecuar sus programas académicos respecto de las realidades científicas y tecnológicas, respetando siempre la ley y la constitución. Deberán integrar en sus programas académicos asignaturas de innovación, así como de emprendimiento empresarial, fomentando en los estudiantes la concretización de un plan de vida.

Así mismo, el derecho fundamental a la salud comporta los siguientes principios:

a) Universalidad. Los residentes en el territorio colombiano gozarán efectivamente del derecho fundamental de educación principalmente en los niveles pre-escolar, básico y medio.

b) Pro homine. Las instituciones y demás actores del sistema de educación, adoptarán la interpretación de las normas vigentes que sea más favorable a la protección del derecho fundamental a la educación de las personas.

c) Equidad. El Estado debe adoptar acciones de planeación a largo plazo dirigidas específicamente a la mejora de acceso y calidad de educación a personas de escasos recursos, de los grupos vulnerables y de los sujetos de especial protección.

d) Continuidad. Las personas tienen derecho a recibir el servicio público de educación de manera continua. Para la adquisición de títulos, que certifican a la culminación del nivel de educación correspondiente, no será posible imponer más requisitos de los que exige la ley y no podrá negarse dicha certificación por razones meramente económicas.

 e) Oportunidad. El estado y demás actores del sistema nacional de educación propenderá para que la prestación del servicio público esencial de educación sea tomado por los estudiantes en las edades propicias para cada nivel educativo.

f) Prevalencia de derechos. El Estado debe implementar medidas concretas y específicas para garantizar la cobertura total de educación para los niveles pre-escolar, básica y medida.

g) Progresividad del derecho. El Estado promoverá y adelantará las medidas presupuestarias, científicas y administrativas, necesarias para garantizar el acceso de toda la población al nivel superior de educación.

h) Libre elección. Los ciudadanos tienen la libertad de elegir las instituciones educativas que más se ajusten a sus necesidades culturales y académicas. Lo anterior sin defecto a que los padres, y en su caso los tutores, tengan derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

i) Sostenibilidad. El Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la educación, de conformidad con las normas constitucionales de sostenibilidad fiscal.

j) Solidaridad. El sistema está basado en el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades.

k) Eficiencia. El sistema de educación debe procurar por la mejor utilización social y económica de los recursos, servicios y tecnologías disponibles para garantizar el derecho a la educación de toda la población.

l) Interculturalidad. Es el respeto por las diferencias culturales existentes en el País y en el ámbito global, así como el esfuerzo deliberado por construir mecanismos que integren tales diferencias en la educación, a partir del reconocimiento de los saberes, prácticas y medios tradicionales, alternativos y complementarios para la formación de un estudiante como ciudadano del mundo.

m) Protección a los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas el Estado reconoce y garantiza el derecho fundamental a la educación, entendida según sus propias cosmovisiones y conceptos de formación profesional y académico.

n) Protección pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras. Para los pueblos y comunidades indígenas, ROM y negras,afrocolombianas, raizales y palanqueras, se garantizará el derecho a la educación como fundamental y se aplicará de manera concertada con ellos, respetando sus costumbres.

Parágrafo. Los principios enunciados en este artículo se deberán interpretar de manera armónica sin privilegiar alguno de ellos sobre los demás. Lo anterior no obsta para que sean adoptadas acciones afirmativas en beneficio de sujetos de especial protección constitucional como la promoción del interés superior de las niñas, niños y mujeres en estado de embarazo y personas de escasos recursos, grupos vulnerables y sujetos de especial protección.

Artículo 7°. Evaluación anual de los indicadores del goce efectivo. El Ministerio de Educación adelantará y divulgará evaluaciones anuales sobre los resultados de accesibilidad y calidad en todos los niveles de educación como desarrollo efectivo del derecho fundamental a la educación, en función de los elementos esenciales de accesibilidad, disponibilidad, calidad e idoneidad y adaptabilidad.

Con base en los resultados de dicha evaluación se deberán diseñar e implementar políticas públicas tendientes a fortalecer los niveles de acceso y calidad. El estado promoverá y auspiciará los procesos educativos tendientes a generar innovación y emprendimiento.

El informe sobre la evolución de los indicadores de goce efectivo del derecho fundamental a la educación deberá ser presentado a todos los agentes del sistema.

Artículo 8°. La integralidad. El Estado y los actores del sistema general de educación adelantarán todas las medidas necesarias para que los estudiantes, especialmente del nivel pre-escolar, básico y medio, culminen sus procesos educativos. Anualmente se especificarán programas y medidas que busquen, identificar causa, sancionar y priorizar la problemática de deserción escolar.

Artículo 9. Deberes y derechos de los actores, relacionados con la prestación del servicio público esencial de educación. Los estudiantes y familias tienen las siguientes obligaciones relacionados con la prestación del servicio público esencial de educación:

a) Asistir a clase con puntualidad y participar en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de estudio.

b) Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las actividades de las instituciones de educativas.

c) Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su aprendizaje y mostrarle el debido respeto y consideración.

d) Respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.

e) Los alumnos deben respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

f) Constituye un deber de los alumnos la no discriminación de ningún miembro de la comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social.

g) Los estudiantes deben respetar el proyecto educativo o el carácter propio de la institución educativa, de acuerdo con la legislación vigente.

h) Los estudiantes deben cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles y las instalaciones del centro y respetar las pertenencias de los otros miembros de la comunidad educativa.

i) Los estudiantes tienen el deber de participar en la vida y gobierno directivo de la institución educativa.

j) Respetar la formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad y capacidad intelectual.

k) Los estudiantes deberán actuar con lealtad y ética respecto de las evaluaciones académicas adelantas, así como respetar los derechos de autor.

l) Los estudiantes deberán propender por preservar las condiciones de seguridad e higiene prestados por las instituciones educativas.

m) Los estudiantes y familias deberán abstenerse de adelantar acciones que afecten la libertad de conciencia o la integridad física de la comunidad educativa.

n) Los estudiantes y familias deberán guardar reserva y confidencialidad sobre toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares de los demás.

o) Los estudiantes y familias deberán respetar la autonomía de las instituciones educativas.

p) Respetar los reglamentos o directivas, la ley y la constitución.

Los estudiantes y familias tienen los siguientes derechos relacionados con la prestación del servicio público esencial de educación:

a) Recibir una formación que asegure el pleno desarrollo de su personalidad y capacidad intelectual. Se propenderá por temáticas que fortalezcan la formación humana, la innovación, el emprendimiento y la cultura global.

b) Se garantiza el acceso y trato en igualdad de oportunidades, la cual se promoverá mediante la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Así mismo se permitirán las acciones afirmativas que garanticen la igualdad real y efectiva de oportunidades. El estado promoverá el acceso a la educación para la población en condición de discapacidad.

c) Los estudiantes tienen derecho a que su rendimiento escolar sea evaluado con plena objetividad. Con el fin de garantizar el derecho a la evaluación con criterios objetivos, las instituciones educativas deberán hacer públicos los criterios generales que se van a aplicar para la evaluación de los aprendizajes y la promoción de los alumnos. Se respetará el debido proceso a los estudiantes frente a las decisiones de las instituciones académicas.

d) Todos los estudiantes tienen derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

e) Los estudiantes tienen derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta a tales creencias o convicciones.

f) Todos los estudiantes tienen derecho a que se respete su integridad física y moral y su dignidad humana, no pudiendo ser objeto, en ningún caso, de malos tratos.

g) Las instituciones educativas estarán obligados a guardar reserva y confidencialidad sobre toda aquella información de que dispongan acerca de las circunstancias personales y familiares del estudiante. No obstante, deberán comunicar a la autoridad competente las circunstancias que puedan implicar malos tratos familiares o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección de los menores.

h) Los estudiantes tienen derecho a participar en todos los órganos de gobierno o de dirección de las instituciones educativas. Así mismo tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, a sus representantes en dichos órganos en los términos establecidos en los correspondientes reglamentos o manuales de convivencia.

i) Las instituciones educativas tienen derecho a la autonomía. En desarrollo de dicho derecho dispondrán de autorregulación académica y autorregulación administrativa o funcional. Por tal motivo podrán darse y modificar sus estatutos; establecer los mecanismos que faciliten la elección, designación y períodos de sus directivos y administradores; desarrollar sus planes de estudio y sus programas académicos, formativos, docentes, científicos y culturales;  seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos; asumir la elaboración y aprobación de sus presupuestos y administrar sus propios bienes y recursos.

j) Los estudiantes tienen derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el respeto que merecen las instituciones y su identidad ideológica, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales.

k) Los estudiantes podrán utilizar las instalaciones, físicas y digitales, de las instituciones educativas, con las limitaciones derivadas de la programación de actividades escolares y extraescolares y con las precauciones necesarias en relación con la seguridad de las personas, la adecuada conservación de los recursos y el correcto destino de los mismos.

Parágrafo 1°. Los efectos del incumplimiento de estos deberes solo podrán ser determinados por el legislador. En ningún caso su incumplimiento podrá ser invocado para impedir el acceso a la educación a menos que la falta sea de tal gravedad que deba ser retirado por la institución previo el respeto al debido proceso.

Parágrafo 2°. El Estado deberá definir las políticas necesarias para promover el cumplimiento de los deberes de las personas, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo anterior.

Artículo 10. Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado. Su acceso al sistema nacional de educación será privilegiado. Las instituciones que hagan parte del sector educativo deberán definir procesos de atención intersectoriales e interdisciplinarios que le garanticen las mejores condiciones de atención.

Parágrafo. En el caso de las personas víctimas de la violencia y del conflicto armado, el Estado desarrollará medidas para integrarse efectivamente al sistema nacional de educación.

CAPÍTULO II

Garantía y mecanismos de protección del derecho fundamental a la educación

Artículo 11. Participación en el sistema nacional de educación. El derecho fundamental de educación comprende el derecho de todos los actores a participar en las decisiones adoptadas por las autoridades de educación que la afectan o interesan. Este derecho incluye:

a) Participar en la formulación de la política pública de educación así como en los planes para su implementación.

b) Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del Sistema.

c) Participar en los programas de promoción y lucha contra la deserción escolar.

d) Participar en formulación de programas académicos y temáticas obligatorias.

e) Participar en los procesos de definición de prioridades en el sistema nacional de educación.

f) Participar en decisiones que puedan significar una limitación o restricción en las condiciones de acceso o calidad en educación.

g) Participar en la evaluación de los resultados de las políticas de educación.

CAPÍTULO III

 De la autonomía a las instituciones de educación

Artículo 12. Autonomía a las instituciones de educación. El Estado garantiza la autonomía a las instituciones de educación en su gobierno institucional, en el ámbito académico y en los aspectos administrativo y financiero, de conformidad con la Constitución Política y la ley.

La autonomía en el ámbito académico se fundamenta en las libertades de cátedra, enseñanza, investigación y extensión.

La autonomía en los aspectos administrativos y financieros, les confiere a las Instituciones de Educación Superior la facultad de decidir sobre su estructura y organización, la gestión de su talento humano, sus procesos de planeación y contratación y de gestionar, recibir, administrar y disponer de sus recursos físicos y financieros; según sus estatutos, objetivos, niveles de formación, planes de desarrollo y prioridades para el cumplimiento de su misión institucional.

Artículo 13. Identidad Corporativa e ideario institucional. Las instituciones educativas podrán desarrollar y expresar su identidad corporativa o ideario institucional a través de los diferentes instrumentos normativos que la Constitución y la ley les ofrecen para tal fin. En este sentido podrán objetar por razones de conciencia actuaciones institucionales que le sean contrarias al plan institucional de la institución.

Artículo 14. Organización propia.  La autonomía en cuanto a su gobierno institucional les confiere a las instituciones de educación la capacidad de organizarse y regularse según sus estatutos, objetivos, proyecto educativo y niveles de formación, dentro de los límites que establezcan la Constitución Política y la ley.

Artículo 15. Facultades. En ejercicio de la autonomía, las Instituciones de Educación Superior tienen las siguientes facultades:

a) Adoptar y modificar sus estatutos y reglamentos.

b) Establecer los mecanismos de  elección,  designación  y períodos  de  sus  directivos  e integrantes de los órganos de dirección y gobierno.

c) Crear y desarrollar sus programas académicos conforme a los requisitos de ley.

d) Proponer y desarrollar sus planes y programas de investigación, culturales, de bienestar y de extensión.

e) Establecer los requisitos de selección del personal docente y administrativo.

f) Evaluar y promover  al  personal  docente  y  administrativo,  así  como  determinar  las condiciones en que éstos han de desarrollar sus actividades.

g) Definir la admisión, régimen de permanencia y evaluación de los estudiantes.

h) Expedir títulos académicos que correspondan a los programas con registro calificado.

i) Elaborar y ejecutar sus planes de desarrollo y de acción, los presupuestos y planes de inversión.

j) Administrar su patrimonio y sus rentas.

k) Establecer relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus fines institucionales.

l) Adoptar sistemas de evaluación y autoevaluación que permitan fortalecer y mejorar la calidad.

m) Las demás necesarias  para  el  adecuado  cumplimiento  de  la  misión  institucional  de acuerdo con la Constitución Política y la ley.

Artículo 16. Respeto a la dignidad laboral de los trabajadores del sector educativo. Los trabajadores, y en general el talento humano en educación, estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad y facilidades para incrementar sus conocimientos, de acuerdo con las necesidades institucionales.

 CAPÍTULO IV

Otras disposiciones

Artículo 17. De la política pública en Educación. El Gobierno Nacional deberá implementar una política pública de Estado que permita la articulación intersectorial con el propósito de garantizar los componentes esenciales del derecho, afectando de manera positiva los determinantes sociales que afectan la educación.

De igual manera dicha política de Estado se deberá basar en la ampliación de cobertura y el fortalecimiento de la calidad, modelos de innovación, entrenamiento de emprendimiento y globalización, formando ciudadanos del mundo.

Artículo 18. Divulgación de información sobre progresos científicos. El Estado deberá promover la creación y divulgación de información sobre los principales avances en tecnologías costo-efectivas en la generación de ciencia e innovación en educación, así como la generación de procesos científicos y de innovación al interior de las instituciones de educación.

Artículo 19. Política de Innovación, Ciencia y Tecnología en Educación. El Estado deberá establecer una política de Innovación, Ciencia y Tecnológica en Educación, orientada a la investigación y generación de nuevos conocimientos en educación, la adquisición y producción de las tecnologías, equipos y herramientas necesarias para avanzar en ciencia y conocimiento de alta calidad, que permita el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Artículo 20. Política Pública de Emprendimiento. El Estado deberá establecer una política pública de emprendimiento cuyo fin sea el entrenamiento, capacitación,

preparación y generación del interés empresarial y de proyectos, integrando dicho entrenamiento en todos los modelos de educación, lo que permita preparar estructuralmente las nuevas generaciones para los próximos retos económicos de la sociedad.

Artículo 21. Deber de garantizar cobertura y calidad de educación en zonas marginadas. El Estado deberá garantizar cobertura y calidad en la prestación del servicio público esencial de educación para toda la población en el territorio nacional, en especial, en las zonas marginadas o de baja densidad poblacional. En zonas dispersas, el Estado deberá adoptar medidas razonables y eficaces, progresivas y continuas, para garantizar opciones educativas con el fin de que sus habitantes accedan a una educación en igualdad.

Artículo 22. Destinación e inembargabilidad de los recursos. Los recursos públicos que financian la educación son inembargables, tienen destinación específica y no podrán ser dirigidos a fines diferentes a los previstos constitucional y legalmente.

Artículo 23. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.